Plan de Justicia con Dignidad

PLAN INTEGRAL DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

“JUSTICIA CON DIGNIDAD”

Justificación

 La justicia en el Paraguay es el tema más álgido de la agenda pública como nunca antes en el proceso democrático. El país reclama - en diferentes ámbitos - una profundización de la reforma judicial y no sólo un cambio de personas, que también es necesario.

Hace más de una década se inició un proceso de modernización de normativa y del proceso penal, que ha sido más visible en la administración de justicia que corresponde al Poder Judicial, mayores recursos destinados a la infraestructura de juzgados y mayor número de funcionarios, fiscales y jueces.

El Ministerio de Justicia y Trabajo ha sido ciertamente observador del proceso pero no ha liderado el diseño y la implementación efectiva de políticas públicas del Estado en materia de justicia.

Los grupos más débiles cargan un aplazamiento histórico a sus requerimientos más básicos.

Los ejes de una profunda evolución del sistema judicial deben sustentarse en una preocupación permanente por generar acceso a la justicia, tutela judicial y efectiva para esos sectores.

El Plan de Reforma de Justicia oportunamente refleja la posición del Vice Ministerio de Justicia ante la impostergable necesidad de activar acciones concretas y sostenibles que permitan garantizar un sistema de justicia renovado.

El diseño está conformado  por dos componentes:

A) Componente Instrumental: aborda el mejoramiento de algunos instrumentos institucionales indispensables para alcanzar los fines del Plan.

ü  Reforma Judicial

ü  Fortalecimiento del Vice Ministerio de Justicia

B) Componente Sustancial: el es conjunto de acciones en el campo de la operatividad.

ü  Plan Nacional de Acceso a la Justicia

ü  Plan Nacional de Derechos Humanos

ü  Plan Nacional de Reforma Penitenciaria

ü  Plan Nacional Anticorrupción

Seguidamente, desarrollaremos cada uno.

Componente Instrumental:

ü  Reforma Judicial

La necesidad de ahondar el proceso de reforma del Poder Judicial no obedece a una orientación meramente modernizadora, sino a la necesidad de desplegar esfuerzos para materializar el diseño constitucional de un sistema judicial que posibilite al ciudadano, a la ciudadana contar con un sistema de administración de justicia que le haga frente al abuso de poder y una pronta y efectiva resolución de sus conflictos.

En ese contexto, deben ser algunas de las prioridades: la reformulación de la estructura básica del Poder Judicial, respetando la estricta separación entre funciones jurisdiccionales y administrativas y el fortalecimiento de la Justicia de Paz, la más cercana a la ciudadanía, en atención a las necesidades de los sectores más vulnerables.

ü  Fortalecimiento del Vice Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia y Trabajo está llamado a cumplir un rol protagónico

como promotor y fundamentalmente como articulador de políticas para el mejoramiento del sistema de justicia. Para cumplir ese mandato constitucional es necesario fortalecer la capacidad institucional del Vice Ministerio de Justicia, cuya misión y cuya visión se resume en:

Las áreas de trabajo que se incorporan al Vice Ministerio son:

·         Acceso a la Justicia: Impulsa políticas, planes y programas para facilitar el acceso a los mecanismos formales de resolución de conflictos; y, para posibilitar el ejercicio de derechos en la vida cotidiana de las personas, la defensa de los mismos y la posibilidad de contar con espacios y mecanismos alternativos de resolución de conflictos de forma pacífica, oportuna y no onerosa.

·         Cooperación Internacional: Formula propuestas de cooperación judicial internacional a los organismos e instancias de carácter internacional vinculados al sector, tendientes a optimizar el servicio de administración de justicia y lograr mayor efectividad en la represión de la delincuencia organizada y transnacional.

·         Promoción y Protección de los Derechos Humanos: Formula, impulsa y coordina las iniciativas provenientes del sector publico, privado y de la sociedad civil, tendientes a mejorar los mecanismos de promoción, protección y realización de los Derechos Humanos.

·      Empoderamiento y protección a sectores vulnerables: Formula planes y programas que posibiliten a los sectores vulnerables el conocimiento y los mecanismos de defensa de sus derechos fundamentales y faciliten su integración o inclusión social, política y económica en condiciones de igualdad.

·         Reformas Judiciales: Fortalece el proceso de reforma al sistema judicial a través de la formulación, coordinación y articulación de las iniciativas para el sector justicia a través de la generación de espacios de diálogo entre los Poderes Judicial y Legislativo e instituciones operadoras del sistema  de Justicia a fin de establecer una política pública coordinada y sostenible en materia de reforma judicial.

·         Desarrollo normativo: Formular y coordina planes y programas de reordenamiento y saneamiento legislativo que posibilite contar con un ordenamiento legal confiable, debidamente sistematizado y de fácil acceso para el ciudadano

·         Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal: Encargada de administrar el sistema penitenciario nacional y coadyuvar con las atribuciones del Juez de Ejecución penal a fin de que las penas se cumplen en estricta observancia de las garantías y los derechos fundamentales.

·         Promoción de la salud de personas privadas de libertad y sujetas a medidas de seguridad: Coordina, formula y ejecuta las políticas de prevención, detección, diagnóstico, educación, tratamiento y control de las personas privadas de libertad en penitenciarías y sujetas a medidas de seguridad en observancia plena, integral e irrestricta de sus derechos humanos.

Componentes Sustanciales 

1-    Plan Nacional de Acceso a la Justicia

Objetivo principal

Mejorar los actuales mecanismos de acceso a la justicia mediante el compromiso conjunto de las instituciones estatales así como la activa participación de la ciudadanía.

Justificación

La debilidad del Estado para satisfacer las demandas más básicas de la comunidad, la imposibilidad del ciudadano de lograr la efectiva tutela judicial de sus derechos más elementales, generan una grave conflictividad social cuyos niveles de violencia avanzan hacía límites insospechados, más aún ante la carencia de mecanismos que permitan gestionar esa conflictividad por vías democráticas y pacíficas.

En este contexto, es una exigencia impostergable convertir al Sistema de Justicia en un servicio básico al que puedan acceder sin obstáculos y en condiciones de igualdad todas y todos los que habitamos este territorio y, por la otra, que los derechos de las personas trasciendan de su proclamación normativa hacia una realidad tangible. 

El tema de acceso a la justicia no puede abordarse únicamente como una cuestión ligada a la administración de justicia, aunque éste pareciera ser su primer referente, la cuestión también debe ser vinculada al ejercicio pleno de la ciudadanía y consiguiente consolidación del Estado de Derecho. En esta perspectiva, entendemos el acceso a la justicia como la posibilidad de contar con todos los instrumentos que posibiliten al ciudadano la atención efectiva a su reclamo.

En esta perspectiva, consideramos de urgencia el establecimiento de una política pública sostenible que gire alrededor de dos ejes fundamentales: 1) construcción de ciudadanía; y, 2) construcción de sistemas democráticos de resolución de conflictos. Siendo de capital importancia que en la construcción de estos dos ejes fundamentales, la sociedad civil (entendida ésta, también en su concepción más amplia)  juegue un rol protagónico.

2-    Plan Nacional de Reforma Penitenciaria

Objetivo Principal

Construir un sistema penitenciario de respeto a la dignidad del ser humano; y contribuir al régimen de acompañamiento  y  monitoreo de la  ejecución penal y asistencia pos penitenciaria en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ámbito internacional de los derechos humanos.

Justificación

El funcionamiento de los establecimientos penitenciarios del Paraguay refleja una constante en América Latina, cual es su inmunidad frente a las transformaciones que se han producido en los últimos años en el ámbito de la justicia penal.

Los enormes esfuerzos de humanización y modernización de la justicia penal, por muy paradójico que resulte, no han tenido un impacto significativo en el primer referente y destino final del sistema penal: la cárcel.

Los establecimientos penitenciarios no reúnen las condiciones mínimas de higiene y salubridad, ni siquiera hemos tenido la capacidad de cumplir exigencias básicas del ordenamiento constitucional, como el tratamiento completamente diferenciado de las personas procesadas y las personas con condena y la atención integral para adolescentes privados de libertad.

Tradicionalmente, de alguna manera la cárcel es concebida como un castigo por el personal penitenciario, que lejos de obedecer a parámetros de especialización

Obedece más bien a su descalificación institucional o técnica, por ello su desempeño se centró durante décadas en el abuso y la arbitrariedad. Es más notoria aún la ausencia e inactividad del Estado en el campo post penitenciario, las personas liberadas están libres de los barrotes pero presas del abandono, huérfanos de la más mínima asistencia y ayuda que le posibilite emprender una nueva vida digna y productiva.

3-    Plan Nacional de Derechos Humanos

Objetivo Principal

Ejecutar una política pública dirigida a la promoción, protección y realización de los Derechos Humanos, en el marco de la Democracia y el Estado de Derecho, conforme establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y demás instrumentos regionales e internacionales ratificados por el Estado Paraguayo.

Justificación

Los Derechos Humanos como práctica de Estado deben tener un marco de política pública que permita la articulación de acciones de sus instituciones. En el país se registran avances importantes en la materia sin embargo, siguen siendo insuficientes y está pendiente la institucionalidad para la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del Paraguay, en la doble perspectiva:  la disponibilidad de los mecanismos efectivos ante todo tipo de autoridades para hacer valer los derechos humanos; y, por la otra, la capacidad ciudadana de ejercer y exigir  sus derechos.

Desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, los Estados se comprometieron a adoptar e implementar planes nacionales de derechos humanos, diseñados y acordados en el marco de una amplia participación ciudadana que identifique medidas por medio de las cuales los Estados puedan mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.

En cumplimiento de esta obligación y visibilizando al Estado Paraguayo como un Estado con capacidad de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio, se hace necesario formular un Plan Nacional de Derechos Humanos orientado a dotar de institucionalidad a los derechos humanos y de promover los derechos de los colectivos sociales vulnerables, con énfasis en personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

En el desarrollo del Plan se tomarán en cuenta las recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia.

4-    Plan Nacional Anticorrupción.

Objetivo Principal.

Dotar de institucionalidad permanente y sostenible a la lucha contra la corrupción, a través de acciones coordinadas con todas las entidades del sector público y privado y con el concurso activo de las organizaciones de la sociedad civil, que posibiliten contar con una política pública clara, coordinada y concertada que gire alrededor de tres ejes claves: 1) prevención y control, 2) Represión y 3) Control social y participación ciudadana.

Justificación

La corrupción constituye actualmente uno de los mayores problemas de los Estados, particularmente por su incidencia al truncar los proyectos de inversión y desarrollo porque opera en desvíos de recursos y sobreprecios y ante estas circunstancias no hay ningún presupuesto que resista. Por otra parte la corrupción en los distintos niveles de la administración pública se constituye en otro obstáculo más que superar a la hora de realizar los derechos más elementales.

Los ciudadanos de una u otra forma saben que existe la corrupción en la administración pública, de una u otra forma están en contacto con ella o conviven con personas que se benefician de ella, pero creen o quieren creer que por tratarse de hechos ilícitos o delitos que no les llegan de forma directa y no pierden dinero directamente de su bolsillo, el problema no es de ellos. Ese tipo de pensamiento requiere revertirse dado que la experiencia comparada en la prevención y lucha contra la corrupción evidencia la trascendencia de involucrar a la sociedad civil y al ciudadano en los esfuerzos de prevención, control y represión de la corrupción, de los contrario esos esfuerzos tienen muy poca o ninguna posibilidad de éxito.

Ciertamente cada año las instituciones del Estado contemplan en su programación ejecutiva, acciones para combatir la corrupción, considerando

Objetivos generales para la institución pero trabajando de forma aislada o individualizada, cada quien hace su trabajo, mientras el mismo esté bajo su competencia.

La experiencia comparada está enseñando que ya sea de forma individualizada o colectiva, las acciones no coordinadas o que apuntan a una sola área del problema no conllevan resultados satisfactorios, se siguen generando los grandes problemas de la corrupción. Por ello es necesaria la elaboración de un Plan Nacional de Lucha Anticorrupción que sirva de soporte al diseño de una política pública que coordine los esfuerzos interinstitucionales, que tenga un enfoque multidimensional del problema con acciones de prevención, control, represión y recuperación de activos, que signifiquen el desarrollo normativo (corrección de vacíos legales o contradicciones en el ámbito administrativo), determinación de focos de corrupción, investigación, identificación de responsables, reorganización de sistemas de control, establecimiento de mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las instancias estatales.

 www.mjt.gov.py/galeria/archivos/DECRETO1730.pdf