Lucha Contra la Corrupcion

DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

MISION:

Promover y coordinar acciones de prevención y lucha contra la corrupción en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado, detectando prácticas de corrupción y fomentar la transparencia en la gestión pública para crear una nueva cultura ética, eficaz y eficiente.

VISION:

Pretendemos ser una Dirección del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos que impulse políticas que logren una mayor transparencia en la gestión pública, promueva la instalación de políticas que combata la corrupción y contribuir a generar una cultura ética con el ejercicio responsable y transparente de la función pública .

FUNCIONES:

v  Contribuir a lograr la transparencia de la gestión publica.

v  Establecer alianzas estrategias interinstitucionales con los poderes públicos en la lucha anticorrupción.

v  Elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción

v  Recibir denuncias donde pudo haber hechos de corrupción  y/o irregularidades administrativas  de particulares  o agente s públicos.

v  Derivar las denuncias de hechos de corrupción ante las instancias competentes para su investigación.

DGTLC:

La Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción fue creada por Decreto Nº 1730 del 27 de marzo de 2009,  esta normativa establece la nueva organización y atribuciones del Viceministerio de Justicia y Derechos  Humanos, cuyo objetivo principal es transparentar la gestión pública e impulsar acciones de prevención de la corrupción en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.

Los esfuerzos de esta instancia estatal es impulsar una nueva cultura en  la gestión pública que tienda fundamentalmente a transparentar los servicios, el manejo de la cosa pública propiciando un mayor sentido ético y un claro y responsable ejercicio de la función pública.  

Introducción

La Corrupción que tradicionalmente se lo define como el uso de lo público para fines privados constituye uno de los fenómenos que más daño ha causado sigue causando a la sociedad. Es Innegable que la corrupción es sinónimo de pobreza y no solo esa pobreza material, sino ética y, a su vez es generadora de riqueza ilícita de uno pocos que se sumergen en la inmoralidad, ambición y falta sentido ético hacia los negocios y la cosa pública.

Para trasparencia internacional, conforme a los últimos estudios Paraguay el índice de percepción en Paraguay es del 2,4 por ciento, lo cual es aun preocupante, nuestro país es considerado uno de los países más corruptos en Latinoamérica.

Asimismo. El costo de la corrupción en las instituciones estatales ronda a los G. 456.000 millones; o sea 92 millones, según informe de la Contraloría General de la República – CGR – en su último informe de gestión correspondiente al periodo 2008.

En ese contexto de la problemática  de la corrupción, se ha iniciado un proceso de implementación de Unidades de Transparencia en algunas instituciones públicas, lo cual es un signo de avance dentro del cual se halla el Ministerio de Justicia y Trabajo, cartera del Estado que no está ajeno de este fenómeno multidimensional.

En este trabajo se pretende ilustrar la implementación de esta instancia impulsora de trasparencia delimitando sus objetivos, sus líneas de acción y las dimensiones de su actuación.

LA NECESIDAD DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION DENTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRASPARENCIS Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

1.    Un Nuevo Blindaje Normativo

Desde hace mucho tiempo nuestro país ha realizado innumerables esfuerzos por mejorar las condiciones institucionales del Estado para hacer frente a los serios problemas de corrupción que afecta la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación. Sin embargo no han sido suficientes para revertir la imagen negativa que pesa sobre nuestro país en esta materia. Las Dificultades de coordinación interinstitucional tampoco han ayudado a mejorar los niveles de transparencia de gestión del Estado, ni reducir los impactos de los casos de corrupción.

 2.    Un Pequeño pero Importante Avance

La creación de la Dirección General de Trasparencia y Lucha contra la Corrupción (DGTLCC) mediante la firma del Decreto 1730 del 27 de marzo de 2009, en el interior de una cartera de Estado en este caso el Ministerio de Justicia y Trabajo, representa así un importante avance al conferir atribuciones y funciones de coordinación de políticas públicas y medida anticorrupción una agencia estatal específicamente creada para esta finalidad.

3.    El Inicio de una Sintonía con las Convenciones Internacionales:

Esta Dirección se encuentra en perfecta sintonía con las líneas directrices establecidas por la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 977/96) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 2535/05), que son dos instrumentos internacionales más avanzados en políticas anticorrupción, todas ellas ratificadas por nuestro país. Estos dos cuerpos normativos establecen medidas anticorrupción orientadas:

·         Fortalecer institucionalmente al Estado en materia de prevención de casos de corrupción.

·         Fortalecer el sistema normativo para perseguir y sancionar caos de corrupción.

·         Fortalecer las instancias internas e internacionales de cooperación y asistencia legal mutua.

·         Promover y desarrollar una práctica fluida de recuperación de activos mal habidos con miras de su entrega social.

Para el diseño institucional de la DGTLCC se tuvo en miras la articulación de estos principios directrices en función de los cuales la Dirección de Promoción por un lado y, la Dirección de Asistencia Jurídica ambas instancias desarrollaran tareas especificas. De esta manera  la Dirección tiene como objetivo general implementar los estándares anticorrupción que, en materia preventiva y sancionatoria han sido elaborados a nivel internacional para hacer frente al grave problema de la corrupción en los Estados.

4.    Base Legal y Normativa Vigente

Estos instrumentos internacionales, la legislación con la que ya cuenta nuestro ordenamiento jurídico, mas los Decretos 1730/09 por el cual se crea la DGTLCC y el Decreto  que aprueba el Plan Nacional de Integridad elaborado por el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad – CISNI -, conforman un nuevo blindaje normativo para prevenir y sancionar la corrupción y mejorar los niveles de integridad y probidad en la función pública.

LAS TRES DIMENSIONES DE ACTUACION DE LA DIRECCION

Para  el cumplimiento de sus propósitos generales la DGTLCC ha diseñado una estrategia compuesta por tres grandes dimensiones de actuación que se pretende desarrollar paulatinamente. Estas tres dimensiones expresan los pilares básicos sustanciales de un plan anticorrupción dentro de institución del Estado.

1)    Primera Dimensión: Hacia un Plan Preventivo.

Ninguna política anticorrupción que se precie de tal, puede dejar de lado el trabajo sistemático en términos de prevención de casos de corrupción. Esta primera dimensión es esencial por que el daño social que la corrupción produce es tan elevado que de nada sirve castigar un hecho de estas características si, simultáneamente, no se generan acciones y mecanismos destinados a reducir los riesgos de corrupción inherentes al funcionamiento de los asuntos públicos y los agentes. Servidores públicos. Siempre debe ser prioritario prevenir la corrupción porque el estado necesite cuidar los fondos públicos necesarios para desarrollar políticas públicas y, es evidente que el desvió de fondos públicos impacta primeramente sobre el des financiamiento del Estado.

Las primeras generaciones de políticas anticorrupción han puesto su interés en la necesidad de fortalecer la trasparencia en la gestión pública y mejorar los niveles de institucionalidad y probidad de la gestión administrativa del Estado. Estos objetivos son validos y necesarios pero aun insuficientes en situaciones de corrupción estructural.

Los estándares más modernos en materia de lucha contra la corrupción tienden en poner mayor énfasis sobre la necesidad de desarticular redes y estructuradas de corrupción dentro del Estado, dado que la experiencia y los estudios de casos de corrupción han demostrado que con el paso del tiempo esta se tiende a adquirir características sistemáticas que trasciende el comportamiento individual de los funcionarios o agentes públicos. Bajo este segundo enfoque las políticas públicas y medidas de trasparencias dejan de ser un fin en sí mismo en términos de probidad y calidad institucional para ocupar un roll instrumental al servicio de una finalidad más elevada acotada a un ámbito de actuación específico. En este caso el Ministerio de Justicia y Trabajo.

2)    Segunda Dimensión: Hacia un Plan Sancionatorio

Indudablemente la segunda dimensión estratégica de un plan anticorrupción tiene que focalizarse en la sanción de los casos de corrupción  identificados .La corrupción es un fenómeno secreto pero a su vez que adquiere estado público debe ser sancionada; de lo contrario la sensación de impunidad e injusticia aumenta y, por ende, aumenta el descrecimiento sobre el roll del Estado y la política en la sociedad.

Siempre se ha tenido a pensar la sanción de casos de corrupción en función a una estrategia puramente represiva compuesta de dos momentos. El primero de ellos ha sido la implementación de normas penales y su adecuación a los estándares internacionales; el segundo momento giro siempre en torno a la persecución penal de los responsables de estos delitos, con miras a la imposición de una condena penal. La experiencia de nuestro país y de otros países de la región ha sido muy frustrante en este sentido. La visible falta de condena por delitos de corrupción es el resultado más directo e indiscutible de los límites inherentes a esta estrategia de persecución. Esta estrategia desmotiva a los fiscales, desprestigia al sistema de justicia, aumenta la sanción de impunidad y, elimina todo tipo de costos para los responsables de la corrupción.

Se pretende que desde la DGTLCC se propicie el desarrollo de una estrategia que, en sintonía con los estándares más avanzados  en materia de lucha contra la corrupción procure reparar el daño social, producido por la corrupción y restituir al Estado el dinero apropiado ilícitamente. La recuperación de activos es una meta de trabajo compleja que supone un nuevo modelo de investigación y persecución de la corrupción que asigna mayor prioridad a atender loe efectos producidos por los delitos.

3)    Tercera Dimensión: Hacia un Plan Cultural

La tercera dimensión de trabajo de esta Dirección será desarrollar una fluida política de difusión social de los impactos y daños producidos por la corrupción.

En el desarrollo de políticas anticorrupción el componente de difusión y concientización estuvo presente desde sus inicios, pero siempre asociados a mostrar que un acto de corrupción es un acto inmoral realizado por un funcionario deshonesto que, en cierta forma refleja un problema de educación y valores frágiles en términos de respeto de los bienes públicos.

Este enfoque es correcto pero desatiende  el vinculo que existe entre corrupción y derechos humanos. La Direccion recientemente  creado asume un presupuesto político fundamental expresado en el reconocimiento de que la corrupción produce daño social y afecta las condiciones de vida  mas básica del ciudadano y ciudada: La corrupción agrede las condiciones esenciales que son necesarias para garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la identidad. etc.

El anilisis de la corrupción cambia radicalmente desde el presupuesto esencial. La trasparencia, la probidad, la mejor calidad institucional son objetivos prioritarios pero que no pueden y deben pensarse como fines en si mismo, sino deben estar al servicio de mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por eso la DGTLC asume como metas avanzar en la construcción de una sociedad justa, con menos niveles de desigualdad social y comprometida con un mayor respeto por la legaliad y los derechos humanos. Investigar la Corrupcion y repara el daño social causado son las metas prioritarias que organizan el funcionamiento de nuestro plan.

Introducción
La Corrupción que tradicionalmente se lo define como el uso de lo público para fines privados constituye uno de los fenómenos que más daño ha causado sigue causando a la sociedad. Es Innegable que la corrupción es sinónimo de pobreza y no solo esa pobreza material, sino ética y, a su vez es generadora de riqueza ilícita de uno pocos que se sumergen en la inmoralidad, ambición y falta sentido ético hacia los negocios y la cosa pública.
Para trasparencia internacional, conforme a los últimos estudios Paraguay el índice de percepción en Paraguay es del 2,4 por ciento, lo cual es aun preocupante, nuestro país es considerado uno de los países más corruptos en Latinoamérica.
Asimismo. El costo de la corrupción en las instituciones estatales ronda a los G. 456.000 millones; o sea 92 millones, según informe de la Contraloría General de la República – CGR – en su último informe de gestión correspondiente al periodo 2008.
En ese contexto de la problemática de la corrupción, se ha iniciado un proceso de implementación de Unidades de Transparencia en algunas instituciones públicas, lo cual es un signo de avance dentro del cual se halla el Ministerio de Justicia y Trabajo, cartera del Estado que no está ajeno de este fenómeno multidimensional.
En este trabajo se pretende ilustrar la implementación de esta instancia impulsora de trasparencia delimitando sus objetivos, sus líneas de acción y las dimensiones de su actuación.
LA NECESIDAD DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION DENTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRASPARENCIS Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.
1. Un Nuevo Blindaje Normativo
Desde hace mucho tiempo nuestro país ha realizado innumerables esfuerzos por mejorar las condiciones institucionales del Estado para hacer frente a los serios problemas de corrupción que afecta la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación. Sin embargo no han sido suficientes para revertir la imagen negativa que pesa sobre nuestro país en esta materia. Las Dificultades de coordinación interinstitucional tampoco han ayudado a mejorar los niveles de transparencia de gestión del Estado, ni reducir los impactos de los casos de corrupción.

2. Un Pequeño pero Importante Avance
La creación de la Dirección General de Trasparencia y Lucha contra la Corrupción (DGTLCC) mediante la firma del Decreto 1730 del 27 de marzo de 2009, en el interior de una cartera de Estado en este caso el Ministerio de Justicia y Trabajo, representa así un importante avance al conferir atribuciones y funciones de coordinación de políticas públicas y medida anticorrupción una agencia estatal específicamente creada para esta finalidad.
3. El Inicio de una Sintonía con las Convenciones Internacionales:
Esta Dirección se encuentra en perfecta sintonía con las líneas directrices establecidas por la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 977/96) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 2535/05), que son dos instrumentos internacionales más avanzados en políticas anticorrupción, todas ellas ratificadas por nuestro país. Estos dos cuerpos normativos establecen medidas anticorrupción orientadas:
• Fortalecer institucionalmente al Estado en materia de prevención de casos de corrupción.
• Fortalecer el sistema normativo para perseguir y sancionar caos de corrupción.
• Fortalecer las instancias internas e internacionales de cooperación y asistencia legal mutua.
• Promover y desarrollar una práctica fluida de recuperación de activos mal habidos con miras de su entrega social.
Para el diseño institucional de la DGTLCC se tuvo en miras la articulación de estos principios directrices en función de los cuales la Dirección de Promoción por un lado y, la Dirección de Asistencia Jurídica ambas instancias desarrollaran tareas especificas. De esta manera la Dirección tiene como objetivo general implementar los estándares anticorrupción que, en materia preventiva y sancionatoria han sido elaborados a nivel internacional para hacer frente al grave problema de la corrupción en los Estados.
4. Base Legal y Normativa Vigente
Estos instrumentos internacionales, la legislación con la que ya cuenta nuestro ordenamiento jurídico, mas los Decretos 1730/09 por el cual se crea la DGTLCC y el Decreto que aprueba el Plan Nacional de Integridad elaborado por el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad – CISNI -, conforman un nuevo blindaje normativo para prevenir y sancionar la corrupción y mejorar los niveles de integridad y probidad en la función pública.
LAS TRES DIMENSIONES DE ACTUACION DE LA DIRECCION
Para el cumplimiento de sus propósitos generales la DGTLCC ha diseñado una estrategia compuesta por tres grandes dimensiones de actuación que se pretende desarrollar paulatinamente. Estas tres dimensiones expresan los pilares básicos sustanciales de un plan anticorrupción dentro de institución del Estado.
1) Primera Dimensión: Hacia un Plan Preventivo.
Ninguna política anticorrupción que se precie de tal, puede dejar de lado el trabajo sistemático en términos de prevención de casos de corrupción. Esta primera dimensión es esencial por que el daño social que la corrupción produce es tan elevado que de nada sirve castigar un hecho de estas características si, simultáneamente, no se generan acciones y mecanismos destinados a reducir los riesgos de corrupción inherentes al funcionamiento de los asuntos públicos y los agentes. Servidores públicos. Siempre debe ser prioritario prevenir la corrupción porque el estado necesite cuidar los fondos públicos necesarios para desarrollar políticas públicas y, es evidente que el desvió de fondos públicos impacta primeramente sobre el des financiamiento del Estado.
Las primeras generaciones de políticas anticorrupción han puesto su interés en la necesidad de fortalecer la trasparencia en la gestión pública y mejorar los niveles de institucionalidad y probidad de la gestión administrativa del Estado. Estos objetivos son validos y necesarios pero aun insuficientes en situaciones de corrupción estructural.
Los estándares más modernos en materia de lucha contra la corrupción tienden en poner mayor énfasis sobre la necesidad de desarticular redes y estructuradas de corrupción dentro del Estado, dado que la experiencia y los estudios de casos de corrupción han demostrado que con el paso del tiempo esta se tiende a adquirir características sistemáticas que trasciende el comportamiento individual de los funcionarios o agentes públicos. Bajo este segundo enfoque las políticas públicas y medidas de trasparencias dejan de ser un fin en sí mismo en términos de probidad y calidad institucional para ocupar un roll instrumental al servicio de una finalidad más elevada acotada a un ámbito de actuación específico. En este caso el Ministerio de Justicia y Trabajo.
2) Segunda Dimensión: Hacia un Plan Sancionatorio
Indudablemente la segunda dimensión estratégica de un plan anticorrupción tiene que focalizarse en la sanción de los casos de corrupción identificados .La corrupción es un fenómeno secreto pero a su vez que adquiere estado público debe ser sancionada; de lo contrario la sensación de impunidad e injusticia aumenta y, por ende, aumenta el descrecimiento sobre el roll del Estado y la política en la sociedad.
Siempre se ha tenido a pensar la sanción de casos de corrupción en función a una estrategia puramente represiva compuesta de dos momentos. El primero de ellos ha sido la implementación de normas penales y su adecuación a los estándares internacionales; el segundo momento giro siempre en torno a la persecución penal de los responsables de estos delitos, con miras a la imposición de una condena penal. La experiencia de nuestro país y de otros países de la región ha sido muy frustrante en este sentido. La visible falta de condena por delitos de corrupción es el resultado más directo e indiscutible de los límites inherentes a esta estrategia de persecución. Esta estrategia desmotiva a los fiscales, desprestigia al sistema de justicia, aumenta la sanción de impunidad y, elimina todo tipo de costos para los responsables de la corrupción.
Se pretende que desde la DGTLCC se propicie el desarrollo de una estrategia que, en sintonía con los estándares más avanzados en materia de lucha contra la corrupción procure reparar el daño social, producido por la corrupción y restituir al Estado el dinero apropiado ilícitamente. La recuperación de activos es una meta de trabajo compleja que supone un nuevo modelo de investigación y persecución de la corrupción que asigna mayor prioridad a atender loe efectos producidos por los delitos.
3) Tercera Dimensión: Hacia un Plan Cultural
La tercera dimensión de trabajo de esta Dirección será desarrollar una fluida política de difusión social de los impactos y daños producidos por la corrupción.
En el desarrollo de políticas anticorrupción el componente de difusión y concientización estuvo presente desde sus inicios, pero siempre asociados a mostrar que un acto de corrupción es un acto inmoral realizado por un funcionario deshonesto que, en cierta forma refleja un problema de educación y valores frágiles en términos de respeto de los bienes públicos.
Este enfoque es correcto pero desatiende el vínculo que existe entre corrupción y derechos humanos. La Dirección recientemente creado asume un presupuesto político fundamental expresado en el reconocimiento de que la corrupción produce daño social y afecto las condiciones de vida más básica del ciudadano y ciudadana: La corrupción agrede las condiciones esenciales que son necesarias para garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la identidad. etc.
El análisis de la corrupción cambia radicalmente desde el presupuesto esencial. La trasparencia, la probidad, la mejor calidad institucional son objetivos prioritarios pero que no pueden y deben pensarse como fines en sí mismo, sino deben estar al servicio de mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por eso la DGTLC asume como metas avanzar en la construcción de una sociedad justa, con menos niveles de desigualdad social y comprometida con un mayor respeto por la legalidad y los derechos humanos. Investigar la Corrupción y repara el daño social causado son las metas prioritarias que organizan el funcionamiento de nuestro plan
Algunas Preguntas:
¿Por qué el fortalecimiento del Ministerio de Justicia?
Porque, el Poder Ejecutivo no puede especialmente con el Poder Judicial, sino que tiene que tener la capacidad de concertar y articular políticas públicas en los diversos sectores del que hacer nacional, en este sentido el Ministerio de Justicia tiene la misión institucional de procurar la eficiencia y accesibilidad del sistema de administración de justicia y la vigencia plena de los Derechos Humanos, para ello creemos imprescindible fortalecer su capacidad institucional, adecuar su organización de frente a esta exigencia.
¿Por que nace una Dirección General de Trasparencia y Lucha contra la Corrupción?
Porque, es necesario dotar de institucionalidad sostenible a las acciones de Estado y de la Sociedad Civil en lucha contra la corrupción. La experiencia comparada está enseñando que ya sea de forma individualizada o colectiva, las acciones no coordinadas o que apuntan a una sola área de un problema tan complejo no conllevan resultados satisfactorios. Nuestro país hasta ahora no cuenta con ninguna oficina estatal dedicada a coordinar estos esfuerzos nacionales en el marco de esta problemática.
¿Por qué una Dirección General de Trasporte y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Justicia?
Porque, el Ministerio de Justicia le corresponde adoptar medidas de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos y porque la corrupción se contrapone a los esfuerzos que hace el Estado en la implementación de los planes y programas de desarrollo y reducción de la pobreza, ocasiona graves perjuicios en los servicios básicos como educación, salud, vivienda, etc., socavando así los objetivos del Estado. Es decir, la corrupción, es en la actualidad, es uno de los obstáculos más grandes para la concreción de un orden social más justo y equitativo para la vigencia plena de los Derechos Humanos. Y, porque además, el Ministerio de Justicia por sus atribuciones y ubicación constitucional, puede constituirse en el mecanismo de enlace de enlace efectivo y articulación de las acciones entre las instancias del Poder Ejecutivo, las instancias Judiciales y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de una política pública de prevención y lucha contra la corrupción.
¿Cuáles son las Principales Atribuciones de la Dirección General de Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción?
Las atribuciones principales son: Promover y coordinar las acciones de prevención y lucha contra la corrupción; y, contribuir a la trasparencia de la gestión pública.
Para el cumplimiento de estas atribuciones se han distinguido dos grandes aéreas de trabajo, encomendando cada una a una Dirección particular, sin perjuicio dique más adelante se pueda establecer otras repeticiones que favorezcan el mejor cumplimiento de las mismas.
La Dirección de Promoción y Prevención, cuyas principales atribuciones seria:
• La formulación, promoción y coordinación de las políticas, planes y programas de prevención y lucha contra la corrupción así como las de trasparencia.
• Realizar estudios sectoriales sobre corrupción en el área del Estado sensiblemente afectadas y analizar el impacto económico social producido por la corrupción.
• Realizar un control y seguimiento permanente del estado patrimonial de los funcionarios públicos.
La Dirección de Asistencia Jurídica
• Coadyuvar en la represión de los actos de corrupción respetando la independencia del Poder Judicial y de los órganos de la persecución penal y respetando las exigencias del debido proceso
• Realizar todas las medidas y acciones dirigidas a rastrear e identificar activos, su origen y destino, asi como la identificación de los posiblñes beneficiarios finales del producto de la corrupción, e iniciar las acciones legales para recuperar los activos individualizados.