Acceso a la Justicia

HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA POLITICA PUBLICA DE ACCESO A LA JUSTICIA

Sistematización de diagnósticos y documentos sobre acceso a justicia en Paraguay.

Este trabajo tiene como objetivo relevar y sistematizar los datos, conclusiones y propuestas de estudios sobre acceso a justicia que se han realizado en nuestro país con el fin de encaminar una estrategia desde el Poder Ejecutivo en el ámbito de Acceso a Justicia, los aprendizajes que expertos y organizaciones de la sociedad civil han acumulado en los últimos años.

Los estudios son el resultado del trabajo en campo y que revelan las dificultades reales que la ciudadanía debe enfrentar en el momento de buscar una solución efectiva a sus conflictos sobre la base del  ejercicio de sus derechos. 

Para esta sistematización se han seleccionado 4 estudios en base a los siguientes criterios:

 Rigurosidad metodológica y confiabilidad de las fuentes utilizadas para el relevamiento de información.

  Vinculación con modelos de acceso a justicia implementados en nuestro país. Basados en experiencias concretas que reflejan la diversidad de contextos en los que el sistema de justicia debe actuar (urbano – rural, comunidades de escasos recursos, grupos específicos, etc.)

Incluyen en su análisis el aspecto institucional y el social desde el enfoque de acceso a justicia formal y no formal.

TITULO DEL DOCUMENTO:

“Obstáculos para el acceso a la justicia en las comunidades del Bañado y alternativas de solución

Autores:

Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción – CIDSEP – UC, en el marco del Proyecto “Promotores Barriales de Justicia”, con la Cooperación de la Interamerican Foundation – IAF.

Año del estudio: 2008

Unidad territorial:

6 comunidades ribereñas de la ciudad de Asunción (Bañados)

Actores intervinientes:

Líderes comunitarios representantes de comisiones vecinales, cooperativas, grupos de mujeres, de jóvenes, grupos de las iglesias, docentes, trabajadores de la salud, organizaciones de protección y defensa de la niñez y adolescencia, adultos mayores, comedores comunitarios y otros. Facilitadores y técnicos del CIDSEP – UC.

 

 

 

Titulo del documento:

San Pedro: Abriendo Puertas al Acceso a Justicia – La construcción de un modelo participativo” – Capítulo: Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas.

Autores:

Centro de Estudios Judiciales – CEJ. María Victoria Rivas, Silvina Ramírez, Gabriela Schvartzman, Livia Cardozo, Martha Rivas, en el marco del proyecto “Modelo de acceso a justicia y participación social para el Departamento de San Pedro” AVINA- CEJ

Año del estudio: 2009.-

Unidad territorial:

Municipio de San Pedro del Ycuamandyju. Departamento de San Pedro.

Actores intervinientes:

Operadores y usuarios de justicia, líderes sociales, población, voluntarios estudiantes de derecho

Titulo del documento:

“Diagnóstico acceso a la justicia en comunidades rurales Concepción, Guaira, Cordillera - Línea de base del Programa Facilitadores Judiciales – Paraguay”.

Autores:

Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – CIDSEP – UC. Abog. Susana López de Quevedo, Polit. Gabriela Schvartzman. Consultoría realizada para la Organización de Estados Americanos – OEA.

Año del estudio: 2008 – 2009.

Unidad territorial:

Concepción: Municipio de Horqueta en las comunidades de Alemán Cué, Capitán Sosa, Brasil Cué, Santa Librada y Paso Mbutu. Guairá: Municipio de Iturbe en las comunidades de Candea Mi, Candea Guazú, Concepción Mi, Paso Yobai y Santa Lucía. Grupo de control – Cordillera: Municipio de Piribebuy, las comunidades Ojopoi e Ita Moroti, Municipio Municipio de Valenzuela , Colonia Pirapo y Ñu Guazu.

Actores intervinientes:

Líderes comunitarios rurales, pobladores de las comunidades estudiadas, operadores de justicia.

Titulo del documento:

Obstáculos para el acceso de la mujer al sistema judicial penal en Paraguay

Autores:

Mirna Arrua de Sosa

Año del estudio: 1998 - 2003

Unidad territorial:

Sistema de Justicia (Policía Nacional, Defensoría Publica, Ministerio Publico y Juzgados de Paz)

Actores intervinientes:

Operadores de Justicia (Policías, Defensores públicos, Fiscales, Jueces de Paz y abogados)

CONCLUSIONES EN BASE A ELEMENTOS COMUNES IDENTIFICADOS

1.    Niveles de complejidad de los conflictos

En los estudios analizados pueden identificarse por lo menos 3 niveles de complejidad. La complejidad en este caso está dada por la cantidad de partes involucradas y las relaciones de poder entre las partes.

  Conflictos simples: Los que se dan entre un par de individuos en una relación relativamente simétrica de poder. Estos conflictos pueden ser o no hechos punibles de acción penal pública o privada.

Conflictos complejos: Los que involucran a varias partes, conflictos entre grupos o colectivos en los cuales está en disputa una serie de intereses y/o entre los cuales existe una relación asimétrica de poder.

Conflictos estructurales: Los que derivan de la ausencia o deficiente aplicación de políticas públicas y se relacionan al ámbito de la justicia social. En estos casos individuos o colectivos entran en conflicto con el Estado, sus instituciones y sus autoridades políticas.

2. Tipo de conflictos más comunes

• Violencia doméstica
• Filiación, prestación de alimentos, maltrato infantil, abandono, tenencia)
• Hurto/robo
• Lesiones (leves y graves)
• Amenaza
• Abigeato
• Conflictos vecinales (linderos, animales sueltos, etc.)
• Conflictos con autoridades publicas
• Conflictos por la tierra
• Conflictos relacionados a la propiedad legal de la vivienda
• Conflictos ambientales
• Corrupción en el ámbito publico
• Problemas derivados de trámites administrativos (cedulación, inscripción en el registro civil, etc.)
• 2. Población más vulnerable
• Niños, niñas y adolescentes
• Mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Población rural y urbana empobrecida
• Población analfabeta

No aparecen en los estudios mención específica a pueblos originarios, tercera edad, personas con capacidades diferentes, población LGTB.

3. Barreras para el acceso a justicia

Organizacionales

Centralismo de las instituciones.

Burocracia, lentitud en el proceso.

Insuficiente capacitación de operadores de justicia.

Falta de planes de prevención de la violencia y promoción de derechos.

Débiles políticas para la promoción de medios alternativos de resolución de conflictos.

Falta de instancias para el tratamiento de casos colectivos.

Falta de recursos humanos y materiales sobre todo en el ámbito rural.

Espacios físicos inadecuados para el tratamiento de casos de violencia domestica.

Débiles políticas públicas enfocadas a la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Desarticulación y atomización de las instituciones y de las organizaciones sociales.

Actitudinales

Insensibilidad de los operadores de justicia.

Discriminación por parte de autoridades

Temor a reclamar un derecho, temor a represalias.

Temor y desconfianza hacia las autoridades.

Débil cultura de participación ciudadana sobre todo en el ámbito de la justicia.

Cultura política basada en el asistencialismo y prebendarismo.

Cultura patriarcal, machismo.

Estructurales

Pobreza, falta de recursos económicos para iniciar y/o mantener un proceso judicial.

Ignorancia, desconocimiento de la ley y los mecanismos para ejercer los derechos.

Altos niveles de corrupción y prebendarismo en las instituciones.

 4. Propuestas y recomendaciones para la construcción de políticas públicas de acceso a justicia.

Organizacionales

Descentralización, acercar la justicia a la gente, instalar servicios de justicia en los barrios y comunidades rurales, indígenas, etc.

Capacitación y actualización permanente a operadores de justicia.

Articulación de instituciones dentro del sistema de justicia.

Creación de redes institucionales y sociales para la derivación, y orientación legal.

Desjudicialización. Promoción de mecanismos no formales de acceso a justicia y de las prácticas comunitarias.

Difusión de información y educación legal para los ciudadanos.

Promoción de políticas específicas para grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Actitudinales

Sensibilización a operadores de justicia. Erradicación de toda forma de discriminación en las instituciones.

Promoción de la cultura de paz transparencia y participación ciudadana.

Empoderamiento a sectores en condiciones de vulnerabilidad.

 Fortalecimiento de las actitudes de cooperación y colaboración. Mesas de diálogo, intercambio de experiencias entre sector público y privado.

 Estructurales

Impulso a mecanismos de combate a la corrupción en el sistema de justicia

Empoderamiento a sectores en condiciones de vulnerabilidad.

 Fortalecimiento de las actitudes de cooperación y colaboración. Mesas de diálogo, intercambio de experiencias entre sector público y privado.